abusadores de menoresEn México, cada semana se denuncia en promedio ante las instituciones de derechos humanos del país un acto de abuso sexual infantil cometido en escuelas públicas o privadas, cuya principal característica refiere la prevalencia de omisiones y deficiencias por parte de las autoridades escolares para encarar y encausar adecuadamente los procedimientos correspondientes, así como una marcada impunidad hacia las y los agresores.

Entre los principales “descuidos” destacan: falta de una política de prevención e identificación; carencia de una normatividad administrativa que regule la forma de proceder frente a este tipo de abusos en algunas entidades federativas y la inexistencia de mecanismos de atención para estos casos en centros escolares; desconocimiento o negligencia por parte de las autoridades escolares respecto al procedimiento que se debe seguir cuando se ha detectado un caso de violencia sexual escolar; e inadecuada atención a las víctimas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observa una marcada gravedad respecto al desarrollo de este fenómeno, ya que de enero de 2000 a agosto de 2014 recibió 190 quejas, en las cuales se señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a Secretarías de Educación de diversas entidades federativas por casos relacionados con abuso sexual, acoso sexual, acoso escolar, violación y tocamientos, principalmente por parte de trabajadores de la educación.

Ante ello, el organismo autónomo emitió en dicho periodo 18 Recomendaciones relacionadas con algún tipo de violencia sexual en centros escolares del país. Llama la atención, sin embargo, que 10 de las Recomendaciones fueron emitidas en los dos últimos años (9 en 2013 y 1 en 2014).

De la información proporcionada por 28 gobiernos de entidades federativas, a través de sus Secretarías de Gobierno, y de la obtenida en los organismos defensores de los Derechos Humanos de las entidades del país, la CNDH tuvo conocimiento de 657 quejas relativas a casos de violencia sexual en centros escolares, en contra de las secretarías de Educación de las entidades federativas o sus equivalentes, durante el periodo 2000-2013.

Se trata de un problema “grave y complejo”

Por tal motivo, la CNDH calificó de “grave y complejo” el problema de abuso sexual infantil que se registra en escuelas públicas y privadas de todo el país.

En la Recomendación General sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos, la institución señala que los derechos humanos vulnerados a consecuencia de agresiones sexuales en centros escolares son: el derecho a la libertad sexual, a la integridad personal, al trato digno, a la educación y al desarrollo, los cuales se encuentran reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, sin descartar que de acuerdo a cada situación se pueden vulnerar otros más.

“Los casos de violencia sexual que se presentan en los centros escolares son un fenómeno complejo, respecto al que se deben considerar diversos factores relacionados con el tipo de agresor, el nivel de desarrollo de las niñas y los niños o si éstos pertenecen a otro grupo en situación de vulnerabilidad adicional a la niñez. Respecto al agresor, hay que tomar en cuenta que la violencia sexual se puede presentar de un alumno a otro, o bien de cualquier persona que trabaje en el centro escolar en contra de alguna niña o niño.

Niñez indígena y con discapacidad, los más vulnerables

“Las niñas y los niños son considerados un grupo en situación de vulnerabilidad; al respecto, cabe destacar que, aunado a esa condición, existen grupos que pueden, a su vez, estar en una situación de vulnerabilidad adicional a la infancia, esto es, se encuentran en condición de vulnerabilidad múltiple. En este caso nos referimos en específico a las niñas y los niños indígenas, así como a las niñas y los niños con discapacidad”, argumenta la CNDH.

Asimismo, destaca que en la información proporcionada por las autoridades educativas estatales de diversas entidades federativas observó que si bien la mayoría señala que implementan programas para prevenir e identificar conductas de connotación sexual en centros escolares, esto no siempre se hace de la manera idónea para lograr el objetivo, ya que se detectaron una serie de omisiones en los mismos.

Refiere que de las respuestas proporcionadas por las autoridades estatales se desprende que los centros educativos que se encuentran en todo el territorio del país cuentan con diferentes leyes y reglamentos para regular la forma en que prestarán el servicio educativo.

“No obstante, en el tema que nos ocupa, si bien algunos estados tienen avances en la regulación de violencia sexual, no todos los estados tienen una normatividad que desarrolle de forma puntual la forma en que las autoridades educativas deben actuar al momento de detectar un caso de violencia sexual escolar”.

De ahí que es imperativo que dentro de la capacitación docente se incluya la formación relacionada con la aplicación de los lineamientos existentes para proceder de manera oportuna al momento de detectar algún caso de violencia sexual infantil, debido a que en los casos que se tienen documentados, “en algunas ocasiones éste no se atiende de manera adecuada”.

Prevalece impunidad hacia los agresores

Otro punto que la CNDH destaca entre las diversas omisiones respecto al procedimiento a seguir en casos de violencia sexual en centros escolares, es el hecho de que las sanciones que reciben los agresores, en específico cuando éstos son servidores públicos que laboran en centros educativos, no resultan del todo adecuadas para la gravedad de los casos en cuestión.

Referente a las instalaciones en las que niñas y niños desarrollan sus actividades dentro de los centros escolares, precisa que se han detectado en diversas ocasiones que el diseño y la construcción de los centros escolares, o bien la disposición del mobiliario, “favorece que la violencia sexual ocurra e incluso que se presente de forma reiterada”.

En lo que se refiere a la contratación de personal capacitado y apto para trabajar con personas que están pasando por la etapa de la infancia, la CNDH ha observado que la normatividad aplicable en estos casos no es suficiente para impedir que posibles agresores sexuales entren en contacto con niñas y niños, por lo que estos últimos se hacen vulnerables al estar al cuidado de servidores públicos que no son idóneos para este fin.

Se carece de unidades especiales de atención en el país

“No ha pasado desapercibida para este Organismo Nacional la existencia de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil; al respecto, se estima que los mecanismos o unidades afines a la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal deberían de existir en la totalidad de las entidades federativas”.

Escuelas particulares no están exentas

Respecto de los centros educativos particulares, la CNDH estima que éstos deben de observar a cabalidad los puntos que se desarrollan en la Recomendación General de la materia, toda vez que si bien la responsabilidad de observar las obligaciones que tienen para con las niñas y los niños es de quienes están prestando ese servicio, es el Estado mexicano, a través de la autoridad educativa, quien tiene la obligación de vigilar que se dé un cumplimiento cabal de las leyes y los lineamientos que regulan la educación y que los profesores cuenten con los perfiles adecuados para ejercer la docencia, ello en virtud de la dimensión transversal del derecho a la educación.

El delito de abuso sexual no es considerado “grave” en muchas entidades

Por último, la CNDH observa que el abuso sexual, el estupro, la violación, el hostigamiento y el acoso sexual son conductas tipificadas como delitos en los códigos penales de las entidades federativas, “sin embargo, de un análisis realizado a dichos ordenamientos jurídicos se advirtió que no en todos los casos los referidos delitos son calificados como graves en el supuesto de que la víctima sea menor de edad”.
Recomendaciones al titular de la SEP
Ante tal panorama, la CNDH emitió las siguientes recomendaciones generales al titular de la SEP, a fin de que se pueda evitar la incidencia de abusos sexuales en las instituciones educativas del país:

En virtud de que se ha identificado que en diversos estados no se cuenta con lineamientos para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en escuelas públicas y privadas, se emitan directrices o guías que contengan los contenidos mínimos sobre las obligaciones de atención, prevención, investigación, sanción y reparación de casos de violencia sexual en centros escolares, que consideren de forma particular a las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad múltiple, y que sirvan de base para que las autoridades educativas estatales diseñen sus propios lineamientos o ajusten los ya existentes.

Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que todas aquellas personas que laboran en centros escolares, cuyo funcionamiento sea de competencia de la SEP, o de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, reciban capacitación sobre los lineamientos que deberán aplicar en el supuesto de que se suscite un caso de violencia sexual escolar.
Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que se realicen revisiones en los centros escolares, con el objetivo de asegurar que las instalaciones son adecuadas para que las niñas y los niños puedan ejercer de forma sana y segura su derecho a la educación al interior de las mismas.

Asimismo, se gestione la instalación de cámaras de video en puntos estratégicos de los planteles educativos públicos y privados; gire sus instrucciones a quien corresponda, con el objetivo de que los lineamientos de evaluación, ingreso y permanencia del personal docente contemplen que los interesados cuenten con aptitudes y capacidades adecuadas para el trato con las niñas y los niños, y gire sus instrucciones a quien corresponda, para que la SEP, a través de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, vigile en todo momento que las actuaciones por parte de los particulares que prestan servicios educativos en el Distrito Federal se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Educación, y en caso de que se observe un inadecuado seguimiento a los casos de violencia escolar, en especial de violencia sexual, se apliquen a dichos centros escolares las sanciones correspondientes, incluyendo la revocación de la autorización para ejercer como centro educativo.

También a gobernadores y al Jefe de Gobierno del DF

A los gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la CNDH también les giró las siguientes recomendaciones:

Giren sus instrucciones a quien corresponda, a efectos de que generen políticas públicas integrales y lineamientos de prevención, investigación, sanción y atención de casos de violencia sexual en centros escolares, así como protocolos de actuación en dichos supuestos, tomando en cuenta además a las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad múltiple.

Se tomen las medidas necesarias para que, mientras se emiten los lineamientos de prevención, investigación, sanción y atención a casos de violencia sexual escolar en centros escolares, se dicte un acuerdo a fin de que las entidades federativas que no cuenten con normatividad estatal adopten los lineamientos para la atención de quejas o denuncias por violencia, maltrato, acoso escolar y/o abuso sexual infantil, en los planteles de educación inicial, básica, especial y para adultos, así como los lineamientos para la atención de quejas por maltrato o abuso a educandos de los planteles del subsistema de educación media-superior dependientes de unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, ambos de la Secretaría de Educación Pública Federal, a fin de proteger a las niñas y los niños.

Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que todas aquellas personas que laboran en centros escolares, cuyo funcionamiento sea de competencia de las entidades federativas, reciban capacitación sobre los lineamientos que deberán aplicar en caso de que se suscite un caso de violencia sexual escolar.

Instruyan a quien corresponda, para que se presenten las iniciativas de ley necesarias para que se ajusten las legislaciones penales de las entidades federativas y del Distrito Federal a la gravedad de los delitos, de forma tal que las conductas de violencia sexual por parte de servidores públicos en contra de niñas y niños estén tipificadas como graves e imprescriptibles y se prevean medidas de protección para niñas y niños víctimas de delitos que impliquen violencia sexual, y se contemplen agravantes respecto a estos delitos cuando hayan sido cometidos por servidores públicos.

Se instruya a quien corresponda, a efectos de que se lleven a cabo los estudios para que se contemplen en todas las leyes para la protección de niñas y niños de la totalidad de entidades federativas del país las medidas de salvaguarda por hechos que atenten en contra de su integridad.

Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que se realicen revisiones en los centros escolares para asegurar que las instalaciones sean adecuadas para que las niñas y los niños puedan ejercer de forma sana y segura su derecho a la educación al interior de las mismas.

Se gestione la instalación de cámaras de video en puntos estratégicos de los planteles educativos; gire sus instrucciones a quien corresponda, con el objetivo de que los lineamientos de evaluación, ingreso y permanencia del personal docente contemplen que los interesados cuenten con aptitudes y capacidades adecuadas para el trato con niñas y niños; se instruya a quien corresponda para que se realicen las acciones necesarias con el fin de que existan en todas las entidades federativas unidades o mecanismos para atender de manera inmediata los casos de violencia sexual reportados dentro los centros educativos, de forma tal que éstos cuenten con las características expuestas en la presente Recomendación General, y giren sus instrucciones a quien corresponda, para que en el ámbito de su competencia se vigile en todo momento que las actuaciones por parte de los particulares que prestan servicios educativos se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Educación, y en caso de que se observe un inadecuado seguimiento a los casos de violencia escolar, en especial de violencia sexual, se apliquen a dichos centros escolares las sanciones correspondientes, incluyendo la revocación de la autorización para ejercer como centro educativo.

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